LA Mala EduCacióN

Por Flavia Mameli | 4.8.2009

Ante las duras críticas del arzobispo de La Plata Héctor Aguer

al documento oficial sobre educación sexual, diversos sectores

expresaron su repudio. Las declaraciones del Arzobispo se

suman a muchos otros intentos de la Iglesia Católica por

oponerse al derecho de formación de mujeres y varones tal

como lo garantizan las leyes de gobiernos democráticos.

Las declaraciones en contra de un documento oficial sobre

educación sexual hechas días pasados a través de un

comunicado firmado por el arzobispo de La Plata y

presidente de la Comisión de Educación Católica del

Episcopado, Monseñor Aguer, generaron la reacción

de diversos sectores.

El texto al que Aguer se refirió en el comunicado que

desató la ola de oposiciones es el Material de formación

de formadores en educación sexual y prevención del

VIH/Sida, producto del trabajo encabezado por los

ministerios de Educación y de Salud, y que se basa

en programas de lucha contra el VIH-SIDA de las

Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.

Entre otras críticas, el Monseñor atribuyó al manual

``una visión reduccionista, sin referencia al amor y la ética``;

señaló que ``detesta la distinción y complementariedad de

los dos sexos``; y además lo calificó de ``neomarxista``

por interpretar la sexualidad ``según la dialéctica del poder``.

El arzobispo también afirmó que el manual ``parece otra

imposición totalitaria del Estado`` y que constituye ``una

velada amenaza a la libertad de enseñar y aprender la verdad``.

Una de las primeras voces que expresaron su repudio fue

la del flamante ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien

declaró a medios locales que el manual está pensado para nutrir

la discusión docente, y que ``no llega a las escuelas``.

Pero además, el ministro señaló que ``La ley de educación

sexual no es una opinión``, refiriéndose a la ley 26.150 de

Salud Sexual Integral, sancionada en octubre de 2006, y

que garantiza el derecho de niñ@s y adolescentes a recibir

educación sexual.

Mientras tanto, el director General de Escuelas bonaerense,

Mario Oporto, en diálogo con Radio Provincia calificó de `

`totalitario`` el tono del comunicado. En el mismo sentido,

integrantes de la Red Informativa de Mujeres de Argentina

(RIMA) se pronunciaron en contra de lo expresado por Aguer,

quien le atribuye al documento ``una visión reduccionista, sin

referencia al amor y la ética``.

La legisladora electa María Elena Naddeo indicó en un

comunicado enviado a RIMA que: “cuanto mayor es la

educación sexual que reciben los chicos, más tardía es

la iniciación sexual”. Agregó también que ``En vez de

reinstalar discursos inquisitoriales habría que centrar

el análisis crítico en la cultura mediática y consumista,

con su carga de promoción del proxenetismo``.

Por su parte, Diana Maffía, Presidenta de la Comisión

de igualdad de oportunidades y de trato entre varones

y mujeres de la Legislatura porteña, sumó al debate:

``La patria potestad no es una propiedad sobre los hijos``,

subrayando así la prioridad del derecho a la salud.

``Hemos protagonizado encuentros interminables, de horas

y horas ganando discusiones por mayoría de expertas y no por convencimiento de los otros sectores`` recordó Eva Giberti,

Coordinadora del Programa Las víctimas contra la violencia,

refiriéndose a la Comisión que discutió los contenidos de la Ley,

y que ella integró.

La red PAR (Periodistas de Argentina en Red) también expresó

su rechazo a partir de un comunicado de prensa en el que señaló:

``es hora de terminar definitivamente con los resabios de un

concepto de familia meramente patriarcal y destinado a la

procreación. Desde esa visión, los jóvenes debieran practicar

el pudor, la virginidad y la castidad, y la femineidad se

manifestaría sólo mediante la maternidad``.

Historia repetida

No es la primera vez que la Iglesia Católica se opone a

la obligatoriedad del dictado de clases de educación sexual en

las escuelas, y de otras materias curriculares que apuntan a

construir y fortalecer la mirada crítica de estudiantes en

materia de derechos humanos.

En 2007, la Comisión que preside Aguer tuvo como blanco

una asignatura que se dicta en la Escuela Secundaria Básica (ESB),

en la que se trabaja a partir de talleres sobre los derechos y

deberes de ciudadan@s. En esa oportunidad, el Monseñor dijo

que los contenidos de la materia se inspiraban ``en el neomarxismo``,

y señaló que la asignatura pretendía “hacer del niño un pequeño

teórico crítico para cambiar la sociedad, con una marcada

perspectiva ideológica``.

Las recientes críticas a la Ley de Educación Sexual Integral

se sumaron a las que ya había presentado en 2006 el Obispo

de San Luis, Monseñor Luis Lona, cuando instó al gobierno a

buscar claridad frente a una ``norma legal ambigua, que elude

definir los criterios que guiarán su aplicación``. El Monseñor

indicó que la norma hacía hincapié en ``la cultura del egocentrismo

hedonista, que se difunde por las modernas tecnologías de la

comunicación, y que recibe un respaldo cada vez mayor del

poder político mundial``.

La oposición a la Ley 26.150 por parte de la Iglesia ya era

palpable en febrero de 2006, mientras el Congreso se

preparaba para su aprobación, cuando se demandó a los

legislador@s ``no caer en el abuso de convertir la educación

de los menores en escuela de doctrina ideológica que no

respete la cultura y la tradición de los pueblos`` y ``los

valores morales, espirituales y religiosos`` de los padres

y establecimientos educativos.

Como ocurre en nuestro país, también en España levantaron

la voz sectores conservadores avalados por la Iglesia. Así

ocurrió en 2008, cuando quisieron evitar que se dicte la

asignatura Educación para la Ciudadanía, y pidieron al

Tribunal Supremo contemplar la posibilidad de objeción

de conciencia. Después de varios meses de discusión, la

Justicia determinó a fines de enero de este año la obligatoriedad

de la materia, ya que ésta no vulnera el derecho de padres a que

sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus

propias convicciones – tal como lo establece la Constitución en

su artículo 27 -, ni el derecho a la libertad ideológica y religiosa.

Artemisa Noticias



La educación es un derecho.