Por Claudia Castro 10.12.2008
En Argentina, el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional desde 1994 en nuestro país, coincide con el primer año de gestión de la primera presidenta electa, Cristina Fernández. Las mujeres, sin embargo, siguen siendo las más vulnerables frente a la violación de sus derechos.
En Argentina, el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional desde 1994 en nuestro país, coincide con el primer año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Las mujeres siguen siendo las más vulnerables frente a la violación de sus derechos.
En Argentina, el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional desde 1994 en nuestro país, coincide con el primer año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Las mujeres siguen siendo las más vulnerables frente a la violación de sus derechos.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un instrumento jurídico que, de manera universal, protege los derechos de las mujeres y de los hombres. “La política de derechos humanos constituye uno de los pilares básicos y es una política de Estado. Todos los días debemos acompañar desde una acción o una política esta lucha inclaudicable por los derechos humanos", dijo la Presidenta durante el discurso que ofreció en septiembre en la sede del Council on Foreign Relations, de Nueva York.
Sin embargo, la falta de una legislación a nivel nacional sobre violencia de género (existe un proyecto de Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con media sanción del Senado), la falta de aplicación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la reticencia del Poder Judicial a aplicar el Código Penal en los casos de aborto no punible, el aumento de muertes maternas, demuestran que el Estado todavía tiene una deuda pendiente con respecto a la protección de los derechos de las mujeres.
En una entrevista para Artemisa Noticias, Soledad García Muñoz, abogada y profesora de Género y Derechos humanos de las Mujeres de la Universidad Nacional de La Plata, reconoció los avances en materia de derechos humanos del gobierno pero destacó la necesidad de poner en el centro de las políticas públicas los derechos de las mujeres.
“Hay que reconocer que se han dado pasos históricos en materia de derechos humanos durante el gobierno Kirchner, como la anulación de las leyes de impunidad, el juicio y castigo a responsables de crímenes horrendos durante la dictadura militar o las medidas en favor de la memoria. También se han producido avances importantes hacia la institucionalización de los temas de derechos humanos y se han elaborado documentos valiosos, como las Bases para un Plan Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, en Argentina todavía no se puede hablar de la aplicación de una política pública integral sobre derechos humanos. Una gran asignatura pendiente es poner en el centro de las políticas públicas los derechos de las mujeres: la mitad de la población argentina sin cuyos derechos humanos cabalmente protegidos es imposible hablar de una política integral en la materia. La integración de la perspectiva de género en las políticas públicas es la mejor herramienta para segurar este resultado y todavía no se percibe como una práctica consolidada, ni como una prioridad del Ejecutivo ni de la Presidenta de la Nación. Ojala no deje escapar la oportunidad histórica de ser no sólo la primera mujer electa como Presidenta de la República, sino también la primera en incorporar la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres como política del Estado Argentino”, opinó García Muñoz.
“Las decisiones de las mujeres y adolescentes en Argentina sobre salud reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y a abortos, están sujetas a restricciones discriminatorias y arbitrarias, en tanto, en ocasiones, los hechos de violencia sexual quedan impunes” dice el Informe Mundial 2008, Human Rights Watch. El informe publicado en febrero último, examina la situación de los derechos humanos en más de 75 países e identifica numerosas vulneraciones que requieren atención. En su capítulo de Argentina, la organización mostró su especial preocupación por los obstáculos que deben sortear las mujeres para realizarse un aborto legal. “Si bien los abortos terapéuticos y los abortos en casos de violación de mujeres con incapacidad mental son lícitos, las mujeres enfrentan obstáculos incluso en los supuestos en los cuales su derecho al aborto se encuentra amparado por la ley” remarca el Informe.
Por su parte, Susana Pérez Gallart, Vicepresidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos opinó: “No creo que el Estado tenga una política de Derechos Humanos con perspectiva de genero. A nivel nacional todavía no existen ciertas leyes que son fundamentales, como la de Salud Reproductiva o bien poder modificar el artículo 86, inciso 2º del Código Penal, para que quede bien claro que cualquier mujer violada puede, si así lo desea, realizarse un aborto sin tener que recurrir a un juez que la autorice. No podemos avanzar sobre esto porque, evidentemente la Iglesia tiene mucho poder en nuestro país”, dijo Pérez Gallart
Según un informe de las Naciones Unidas, “una mujer muere cada tres días en la Argentina debido a la violencia de género, en su mayoría intrafamiliar”. El documento indica que en Argentina murieron en los primeros 10 meses del año, 110 mujeres, en la mayoría de los casos víctimas de violencia intrafamiliar, y señala que los abusos contra las mujeres no se pueden relegar a la esfera de la vida privada. En el país no existen registros unificados y centralizados sobre casos de violencia hacia las mujeres pero distintos organismos dan cuenta de que el número de denuncias crece año a año. En los primeros 10 meses de 2008, se recibieron un total de 52.351 denuncias, mientras que en 2006 hubo 19.644, según el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Derechos Humanos para tod@s
En marzo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su Informe Anual, en el que reconoció que si bien en el 2007 los derechos humanos tuvieron una inédita presencia en la agenda de los distintos poderes del Estado, no hubo mayores avances en su protección efectiva.
En la edición de este año (el CELS, viene realizando los informes sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina desde 1994), el documento subraya la existencia de un “escenario político y económico favorable” generado, entre otros hechos, por la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad y el crecimiento económico. Con respecto a los juicios contra los represores, el informe destaca que de las 212 causas abiertas, de las cuales 139 se encuentran en movimiento, hasta el momento sólo 17 personas han sido condenadas.
En cuanto a la situación carcelaria, el Informe 2008 del CELS destaca los graves problemas en materia de sobrepoblación carcelaria que afecta a todo el territorio nacional, y alerta sobre la situación de la provincia de Buenos Aires, ya que en ese distrito en el último mes creció la cantidad de presos en las comisarías, lo que implica un retroceso con respecto a mejoras que se habían conseguido recientemente. Según el documento “en la provincia de Buenos Aires, de la totalidad de las detenidas, casi un 10 por ciento reside con sus hijos en los centros de detención, y nueve de cada diez mujeres detenidas con sus hijos lo está bajo el régimen de prisión preventiva”.
La cuestión social también fue señalada como una deuda pendiente. Casi diez millones de personas continúan en la pobreza o la indigencia, al tiempo que los asalariados ven reducida su participación en el ingreso nacional.
Artemisa Noticias
