| Por Alejandra Waingandt | 11.6.2009
 En Argentina las migrantes, que son cada vez más, reciben un trato
  diferencial en hospitales y centros de salud porque se desconoce la  ley que les garantiza el acceso irrestricto al sistema de salud.  Un programa para que la salud sexual y reproductiva esté  también a su alcance.  Alicia Ruiz migró a la Argentina desde Bolivia cuando tenía 22 años.  Ahora tiene 47 y se casó con un argentino con quien tuvo dos hijos.
 Trabajó unos 17 años en el Hospital Israelita donde sufrió  discriminación por su color de piel y nacionalidad, pero antes  tuvo otras experiencias difíciles y representativas de las
 migraciones limítrofes. “Es mejor que en Bolivia, donde no  hay insumos y podes morir fácilmente. Pero en Argentina hay
 discriminación. El color de piel es un problema, la gente nos
 trata como cabecitas negras y nos hacen saber que no servimos  para anda. Nos llaman estúpidos. En el Israelita tenía una  compañera argentina muy rubia que era mucama y que  decía ‘¿vos estudiaste? ¿Vos tenés neuronas? ¿Vos sabés pensar?’
 Le molestaba mi color de piel”. Ella pudo ver como otras y otros  migrantes eran víctimas de malos tratos por el personal no
 profesional del hospital. “El problema es la gente más ignorante,
 los médicos están más preparados, no hacen eso”, explicó.  Las diferencias culturales y las “miserias burocráticas”
 derivadas de la portación de rostro limitan este acceso en
 perjuicio de los y las migrantes limítrofes. Debido a esa situación,
 el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), a través  de sus representaciones de Argentina y Bolivia, impulsa un  proyecto sobre salud sexual y reproductiva dirigido a migrantes
 provenientes del país andino. Esta iniciativa que cuenta con  el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional  para el Desarrollo, busca mejorar el acceso de mujeres y jóvenes  bolivianas a los servicios de salud sexual y reproductiva.    En una comunidad migrante cada vez feminizada, la de Alicia  Ruiz es apenas una historia más entre las tantas que sufren  las mujeres que vienen a este país buscando un destino mejor.  En Bolivia ella era la novena de 13 hermanos. Abandonó la escuela  durante la adolescencia para conseguir un empleo y colaborar con la  economía familiar, pero no logró trabajar porque el país estaba en  crisis. “Pasábamos una miseria tremenda, recuerdo que recibíamos  un bollo de pan por hijo, esa situación me desesperó. Los
 comerciantes de Oruro decían que en Argentina se podía
 trabajar y estudiar”. Como la joven boliviana deseaba estudiar
 Derecho resolvió migrar a la Argentina, aunque en Buenos Aires
 no pudo ingresar al sistema educativo porque no tenía DNI. No  obstante entró a trabajar en el servicio doméstico, donde los papeles  no eran necesarios. “Era una migrante más, así que abandoné mi
 idea de estudiar y trabajé en limpieza, pero después me casé con
 un argentino y conseguí la documentación”. En ese momento,
 Alicia Ruiz finalizó su educación básica, cursó la carrera de
 enfermería y obtuvo el cargo de enfermera auxiliar en el Hospital
 Israelita, puesto que perdió en 2001 porque el nosocomio se declaró
 en quiebra. No consiguió que la indemnizaran y aunque lleva unos
 7 años desempleada, ocupa parte del tiempo libre enseñando
 quechua a su colectividad.   Una investigación del Centro de Estudios de Población  (CENEP) de 2004, dirigida por la socióloga Marcela Cerrutti,
 sobre la calidad de la atención en hospitales y centros de salud,  evidenció justamente que mujeres y varones migrantes reciben  un trato diferencial de parte del personal administrativo.
 “Las evaluaciones de las usuarias sobre el staff no médico
 dejan mucho que desear”, afirmó la investigadora. El consultor
 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  Jorge Gurrieri agregó que “en estos casos el problema aparece  más por la tez que por la nacionalidad”.  En cuanto a los profesionales de la salud y la relación con las  pacientes extranjeras, ambos expertos coincidieron en que se  originan problemas en las diferencias culturales. “El idioma es  un obstáculo, especialmente entre las bolivianas, hay muchas
 que sólo hablan quechua”, ejemplificó el Gurrieri. Cerrutti señaló:
 “Las bolivianas tienen más dificultades que otras migrantes  limítrofes, ellas son más tímidas, más pudorosas y también más  sumisas y los médicos no están preparados para tratar pacientes
 extranjeros”.  Según Cerrutti la mayoría de las veces la práctica discriminatoria
 se origina en la incomunicación. “Los trabajadores de la salud
 desconocen la legislación migratoria debido a que fallan los
 canales de comunicación entre las oficinas gubernamentales”,
 opinó. Al sancionarse la Ley de Migraciones (Nº 25.871) en 2004,  las comunidades inmigrantes de países del MERCOSUR y sus
 allegados obtuvieron un “acceso irrestricto” a la salud pública de
 Argentina, que fue pionera en efectivizar el Acuerdo de Residencia
 firmado por países miembros de dicho grupo en 2002. Tienen la
 misión de garantizar ese acceso la Dirección Nacional de Migraciones,  el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional Contra La Discriminación  la Xenofobia y El Racismo, entre otras reparticiones públicas. Cerrutti forma parte del proyecto de UNFPA en representación  de CENEP. La experta explicó que “la idea es identificar buenas
 prácticas en algunos servicios de salud y hacerlas extensivas a todo  el sistema. El objetivo es obtener prestaciones más sensibles a las
 particularidades culturales y sociales de las colectividades migrantes”.  Se pesquisará dos áreas diferentes: la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires y el conurbano bonaerense, y la zona de fronteras de Jujuy y  Salta, ya que en estas regiones se concentra la mayoría la población
 boliviana ( 59,8% y 22,3% respectivamente).  Gurrieri explicó que en estas dos regiones las problemáticas con la  migración son diferentes. En la zona metropolitana la presencia del
 Estado es mayor y funcionan legislaciones como el Programa
 Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En cambio “en las  zonas fronterizas la sensibilidad de las personas nativas puede  ser mayor. Por ejemplo los hospitales de Posadas (Misiones) y
 Orán (Salta) atienden a mujeres provenientes de Bolivia y  Paraguay, que atraviesan las fronteras para dar a luz, de
 hecho constituyen el 50 por ciento de los partos”. Por todo esto, el proyecto impulsado por UNPFA promoverá  la Ley de Migraciones para que los y las agentes de la salud
 tomen conciencia de que las migrantes y las nativas pueden  acceder a todas las prestaciones en iguales condiciones, y  también sensibilizará a los y las profesionales de la salud
 para mejorar la comunicación con las usuarias extranjeras.    Sofía Villalba, paraguaya, asegura que hay hospitales y
 centros de salud en los que el personal médico “no se apura
 en atendernos. Creen que se nos va a pasar (la dolencia).
 Le ocurrió a mi hermana fallecida hace tres años. Tenía una  fisura en el pie, estaba muy dolorida, fuimos al Hospital Penna,  en la guardia la atendió una ginecólogo y un traumatólogo,
 le aplicaron un medicamento y la mandaron a casa. Cuando  volvimos a casa mi hermana estaba inconsciente, no podía  ni hablar. En el Penna dicen que le aplicaron un calmante,
 pero no sé como la largaron así. Como seguía muy mal  fuimos al Hospital Fernández y la atendieron enseguida.  Se preguntaban cómo la habían largado, me avisaron que  estaba muy mal y falleció”.  Sofía Villalba tiene 35 años y migró a Argentina a los 16 porque necesitaba operarse, tenía una enfermedad en los huesos de los pies.  “En Paraguay la operación era muy cara. En Argentina tenía a mi papá  y dos de mis hermanos y decían que los doctores eran mejores, así que  decidí venirme”, recordó. La joven paraguaya se operó en el Hospital Fernández y tras su
 recuperación empezó a trabajar en el servicio doméstico. “En
 Paraguay dejé la escuela porque a mi mamá no podía tener  tres estudiantes. Allá quedaron mi mamá y dos hermanos más.  Ella trabajaba en el mercado central y la ayudaba desde los 7 años.
 A los 13 puede juntar dinero y estudié peluquería y manicura
 pero nunca trabajé de eso”.  En Argentina, Villalba se convirtió en empleada doméstica
 porque no se requería documentación. Inició los trámites para
 el DNI en 1991 debido a una amnistía otorgado por el gobierno  nacional, el cual recibió cuatro años más tarde. Entonces decidió
 quedarse en el país, donde formó pareja con un paraguayo, con  quien tiene una nena de 6 y un nene de 4. Hoy trabaja para la  misma patrona y asiste a una escuela para adultos. La discusión sobre los derechos que tienen los y las migrantes
 respecto del acceso a la salud no está saldada. “Si bien hay una  ley que intenta poner fin a esa polémica, la misma sigue vigente  en las mentes de las personas”, advirtió Gurrieri.   |